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Autora: Johanna Reyes
Se estima que en Santander hay alrededor de 113.205 personas migrantes provenientes de Venezuela con vocación de permanencia en el territorio. Estos datos nos convierten en el octavo departamento con mayor población migrante en el paÃs, siendo Bucaramanga la ciudad con mayor concentración de población venezolana.
Sin embargo, llama la atención que los candidatos a la gobernación no incluyen en sus programas de gobierno alguna perspectiva frente al futuro de los migrantes y su integración en el territorio, invisibilizando a esta población vulnerable. Además, las escasas referencias encontradas en los programas departamentales asocian exclusivamente a los migrantes con temas de seguridad (Juvenal DÃaz Mateus), o solo enuncian de manera general su inclusión (Mauricio Quiñonez).
En Bucaramanga el panorama es similar, ya que la mayorÃa de los candidatos enuncian al migrante desde la visión de seguridad ciudadana y controles a migrantes o los incluyen de manera genérica sin propuestas concretas. Particularmente, son llamativas propuestas como: la creación de un Centro de Control de Migrantes y Seguridad Integral (Diego Tamayo), la de expulsión de ilegales (José Velásquez) o la implementación de programas de prevención de delitos (Jaime Andrés Beltrán).
Sorprende de este último que, a pesar de su apuesta de seguridad y control frente a los migrantes, es quien más propuestas de inclusión y ayuda humanitaria presenta. Otros candidatos como Fabian Oviedo, Manuel Parada y Jaime Calderón, incorporan una visión un poco más garantista, pero sin propuestas especÃficas al respecto.
Ante esto, cabe preguntarse: ¿se puede lograr un desarrollo óptimo de Santander y de Bucaramanga desconociendo las necesidades particulares de más de 100 mil habitantes? Claramente la respuesta es negativa.
La migración puede resultar favorable para la ciudad, si se afronta desde la atención humanitaria y la inclusión social, económica y cultural. Esto, implica aspectos como promover la regularización y acciones para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, la participación en el mercado laboral, el acceso a la educación, a los servicios de salud y a los sistemas financieros.
Es prioritario concientizar a los futuros gobernantes acerca de la conexión entre el desarrollo de la región y los procesos de inclusión, para que afronten las problemáticas asociadas a la migración no desde la seguridad ciudadana, si no desde las causas estructurales de los conflictos sociales.
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Sobre la autora
Johana Reyes
Abogada, Universidad Autónoma de Bucaramanga. MagÃster en Gestión y PolÃticas Públicas, Universidad Industrial de Santander. Investigadora Instituto de Estudios PolÃticos, Universidad Autónoma de Bucaramanga. Experiencia en investigación, formulación de proyectos, fortalecimiento institucional, trata de personas y docencia universitaria.