12 de julio de 2019 | @BMComovamos

Publicado por Vanguardia
Las religiones fueron y son de gran importancia en las sociedades. La libertad religiosa y de conciencia constituyen derechos fundamentales, de forma que el Estado no puede interferir en las creencias religiosas ni favorecer o imponer determinado culto. Esta garantía permite que, a diferencia de otras épocas, el Estado deba respetar las creencias de las personas y no incluir asuntos religiosos en sus decisiones, distintos a la garantía de su ejercicio. Sin embargo, la separación Iglesias–Estado sigue siendo un proyecto en construcción. Los conflictos religiosos se mantienen, con consecuencias nefastas sobre los derechos de las minorías. Desde las Cruzadas hasta nuestros días se ha derramado mucha sangre en nombre de la fe.
Estos conflictos se agudizan cuando se mezclan fe y política, pues permite que lleguen al poder simpatizantes religiosos que cuando toman decisiones terminan favoreciendo sus compromisos de fe y poniendo en riesgo los derechos de otros. Un ejemplo de esto se vive en el municipio de Floridablanca, en donde desde el 2008 está vigente el acuerdo 035, mediante el cual se adopta el día de la Sagrada Biblia y se le ordena a distintas autoridades promover la lectura del libro sagrado y a la oficina de prensa, casa de la cultura y secretarías de Educación y Salud viabilizar esta iniciativa. En cumplimiento del acuerdo, el 31 de octubre del 2018, se realizó en el recinto del Concejo una sesión de lectura de la Biblia con la intervención de tres pastores y un misionero. A la sesión asistieron 12 de los 19 concejales.
La Constitución garantiza el derecho de los concejales asistentes a la libertad de cultos, lo que no pueden hacer es decidir con base en argumentos religiosos, favorecer un culto, emplear recursos públicos para promover una creencia y desconocer los derechos de otras personas. Como lo que sucedió durante una sesión de control político el 3 de julio del presente año, en la que 16 concejales firmaron asistencia y abandonaron el recinto ante la intervención de la Comunidad Lgbti, configurando con ello un acto sospechoso de discriminación. Honorables concejales, al Cesar lo que es del Cesar.
Por Ana Patricia Pabón
Docente Universidad Autónoma de Bucaramanga e integrante de Concejo Cómo Vamos.