30 de mayo de 2019 | @BMComovamos
Por Yany León Castañeda
Frente al artículo de la periodista Claudia Palacios que conmina a las migrantes venezolanas a parar de parir, más allá de la polémica que despertó, hay que reconocer que puso en la agenda el tema de los derechos sexuales y reproductivos de la población migrante. Y es que en el caso de Bucaramanga y su área metropolitana, una caracterización presentada en mayo 2019 por el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la UNAB, mediante una muestra de 1000 venezolanos adultos residentes en el área, mostró que el 80% no utilizaban ningún método de planificación familiar. Esta cifra debe llamar la atención de los tomadores de decisiones en políticas públicas, porque pensar que los migrantes venezolanos pobres por su condición de vulnerabilidad no tienen responsabilidad alguna sobre su reproducción, es subestimarlos, algo que no pocas veces hacemos frente a la amplia gama de población vulnerable en nuestro territorio. Pero dejar que sean ellos quienes bajo la lógica despiadada del mercado decidan “libremente” entre comprar un condón o comprar alimentos, es considerarlos consumidores y no reconocerlos como humanos con derechos que se ven vulnerados por condiciones de pobreza. En este sentido, sí debería ser prioridad en la agenda local la posibilidad de brindar las condiciones para que ellos puedan elegir entre tener más hijos o no, mediante el acceso a información relevante y a métodos anticonceptivos gratuitos.
Publicado en ADN Bucaramanga