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Por: Johanna Cárdenas Acevedo - Directora Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos.
En Colombia, la venta y comercialización de drogas es un delito perseguido y penalizado; mientras el porte y consumo de dosis mÃnimas de droga para uso propio, es legal desde hace décadas (Ley 30/1986). Por esta razón, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado habÃan pedido que se declarara inexequible el decreto emitido por el expresidente Iván Duque que, en contravÃa de lo anterior, permitÃa multar a quienes portaran para consumo propio la dosis mÃnima de droga. Esta anulación llegó por cuenta del presidente Gustavo Petro; lo que generó un intenso debate en el que lÃderes de opinión, medios de comunicación, alcaldes y gobernadores electos contribuyeron a la confusión y desinformación.
Con esta claridad y sin apasionamientos, no se puede negar que la adicción a las drogas es un grave problema que afecta la calidad de vida de miles de personas en Colombia y por supuesto en Santander. Según el estudio de mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas del Ministerio de Justicia y Medicina Legal, el departamento ocupó el quinto puesto con el mayor número de muertes relacionadas con el consumo entre 2018 y 2020; mientras Bucaramanga, entre los municipios del paÃs, se posicionó en el octavo lugar.
A lo anterior, se suma la identificación de la drogadicción como un problema prioritario en el área metropolitana, señalado asà en 12 de las 17 comunas en donde Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos llevó a cabo diálogos ciudadanos; asà como en la Encuesta de Percepción 2023 aplicada en los cuatro municipios del área, en la que se revela que la drogadicción es el principal factor que la ciudadanÃa asocia con la inseguridad en sus barrios. Estos indicadores subrayan la urgente necesidad de abordar de manera efectiva y coherente este desafÃo que afecta directamente el bienestar de los habitantes de la región. Entonces, ¿por dónde empezar?
Es imperativo que los mandatarios electos del área metropolitana y Santander le den importancia a recopilar datos detallados y especÃficos sobre patrones de consumo, factores de riesgo, sustancias más utilizadas entre los jóvenes, condiciones de vida y accesibilidad a las drogas. La carencia actual de esta información básica constituye un vacÃo crÃtico, que resultará en medidas genéricas que, aunque bien intencionadas, están destinadas al fracaso. El problema creciente de drogadicción en nuestro territorio exige datos precisos que permitan garantizar estrategias pensadas y adaptadas a nuestra realidad. Solo asÃ, se podrán ofrecer soluciones más efectivas a un desafÃo en el que no podemos permitirnos fallar.