31 de octubre de 2019 | @BMComovamos
(Foto: tomada desde @ConcejoBucara)
Por Yany León Castañeda
El pasado 24 de septiembre de 2019 renunció el concejal Jhon Marcell Pinzón, un cabildante que no hizo honor a la función que como ciudadanía le habíamos encomendado y que implicaba mínimamente permanecer en las sesiones y participar en ellas.
Recordemos, según el reporte de Concejo Cómo Vamos, del año 2017 al año 2019 permaneció solo el 25% del tiempo de las sesiones, en el año 2018 pidió una licencia no remunerada para ausentarse durante el mes de noviembre y durante el primer semestre del año 2019 hizo solo 4 intervenciones de control político.
Frente a este desempeño, además de las sesiones que cobró, debimos pagar ocho millones de pesos mensuales para sus unidades de apoyo normativo, esto es, para profesionales que lo asesoraran en tan “ardua” labor.
Según el Reglamento Interno del Concejo en su artículo 9 parágrafo 1, en el ítem de unidades de apoyo normativo, estable que “existen jurídicamente, mientras el Concejal que tiene derecho a dicha unidad, esté ejerciendo el periodo Constitucional para el cual fue elegido”.
Revisando la página del Secop encontramos que el concejal Jhon Pinzón dejó contratadas de enero a diciembre a dos personas como unidades de apoyo, cada una por un valor de $48.000.000.
Si él ya no está ejerciendo ¿No deberían suspender los contratos de sus unidades de apoyo a partir del momento de su renuncia?
Publicado en ADN Bucaramanga
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