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En esta etapa de contienda electoral se han cumplido diversos espacios de participación de los candidatos a las alcaldías metropolitanas y a la gobernación de Santander, tal como la iniciativa liderada por programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y el Instituto de Estudios Políticos de la UNAB, con el fin de conocer sus propuestas y posturas frente a temas relevantes para la ciudadanía, como insumo fundamental para que el electorado pueda ejercer su derecho al voto de manera responsable e informada.
En estos foros de candidatos, la Red Santandereana por la Transparencia ha presentado un documento denominado “Manifiesto de Buenas Prácticas” el cual contiene 6 compromisos en materia de transparencia en contratación pública y gobierno abierto, con el fin de que los candidatos participantes lo suscriban públicamente, como expresión de compromiso con la ciudadanía, de implementar en su eventual mandato, una serie de recomendaciones tendientes a asegurar una gestión transparente y orientada al interés colectivo.
Los compromisos asumidos por los candidatos firmantes se refieren a temas cardinales para garantizar el principio de Transparencia en la gestión pública, tales como la publicidad de su Declaración de Rentas y Gastos; Garantías efectivas al derecho de acceso a la información pública; buenas prácticas en la contratación pública de obras, bienes y servicios, rendición de cuentas y participación ciudadana y finalmente, compromisos tendientes a asegurar una óptima ejecución del Programa de Alimentación Escolar.
Con ello se busca, no solo generar un pacto entre los futuros mandatarios y el electorado en estos aspectos, sino también establecer claramente un acuerdo de respeto al control social que se realizará respecto al cumplimiento efectivo de cada uno de tales compromisos una vez se encuentren en ejercicio de su cargo.
Así, no se trata de un documento con promesas al aire o de compromisos suscritos solo por generar una imagen de transparencia para captar votos, se trata del inicio de un proceso de seguimiento y vigilancia, que se realizará desde la sociedad civil organizada en ejercicio de derecho y el deber ciudadano de efectuar control social a la gestión pública.
Y en esta tarea, es importante contar con la participación de los entes de control del ámbito regional y nacional, quienes son en últimas, quienes tienen la potestad y el deber de salvaguardar la inversión de recursos públicos de intereses particulares y garantizar que la administración pública cumpla con su propósito de resolución de las necesidades colectivas del territorio.
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